Uniendo puntos: El Firmazo y el revocatorio

 

El que firme contra Chávez, ahí quedará su nombre registrado para la historia y va a tener que poner su nombre, su apellido, su firma, su número de cédula y su huella. – Hugo Chávez, 17 de octubre de 2003

Recientemente tuve una conversación con un grupo de alumnos en la cual me preguntaron si iba a firmar el petitorio de activación de referendo revocatorio presidencial, y les respondí que no lo haría porque no quería exponerme a mi y a mi familia a la persecución que se desató sobre casi cuatro millones de venezolanos en los años posteriores a la recaudación de firmas para activar el referendo revocatorio presidencial de 2004 (RRP-2004). Y les prometí que escribiría estas líneas para expandir un poco más la idea.

Mi primer artículo sobre el Referendo Revocatorio se llamó “El día que Venezuela cambió para siempre” y lo puedes leer aquí 

Los primeros dos años del siglo XXI en Venezuela fueron muy convulsionados, el recién electo Hugo Chávez había implementado una serie de reformas profundas en el país que pasaron por la redacción de una nueva Constitución que fue impuesta de forma ilegítima por vías de hecho de apariencia legal. En los tres primeros años, el chavismo debilitó las instituciones al tiempo que perseguía una agenda que buscaba instalar una nueva hegemonía política al tiempo que se arrojaban al olvido las vidas de millones de venezolanos que vivían en extrema pobreza.
El gobierno de Chávez llegó a un punto de crisis institucional en el momento en el que por medio de una ley habilitante, la Asamblea Nacional otorgó poderes especiales al ejecutivo para redactar un paquete de 49 leyes que buscaban cambiar la forma y estructura del aparato productivo de la nación toda vez que se violaba el derecho fundamental a la propiedad privada.
Estas acciones, sumadas a las acciones de los poderes legislativo, judicial y electoral habían debilitado la confianza de los venezolanos en el sistema democrático y llevó a la sociedad civil a iniciar una huelga general a finales del año 2001 y el descontento derivó en los sucesos del 11 de abril de 2002.

Los dramáticos sucesos de abril  agudizan la crisis, tras estos hechos, la sociedad civil se agrupó para activar los mecanismos previstos en la constitución para separar a Hugo Chávez de la presidencia de la república, el entonces alcalde de Chacao, y hoy preso político del régimen, Leopoldo López Mendoza fue uno de los promotores de una iniciativa que recibió el nombre de “Vete ya”- dicha iniciativa buscaba realizar un referéndum consultivo que captó la atención del entonces presidente Hugo Chávez.

El Referéndum Consultivo

 

Entre marzo y noviembre de 2002, Súmate se encarga de organizar a la sociedad civil y se toma la tarea de procesar y entregar ante el Consejo Nacional Electoral 2.057.507 firmas, en un acto público el cuatro de noviembre de 2002. El CNE recibe, transcribe y acepta como válidas las firmas, y fija la fecha del Referéndum Consultivo para el 2 de febrero de 2oo3, pero el 22 de enero de 2003, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia determinó que los Referéndums consultivos no son vinculantes, y seguido de varias desiciones de la Sala Electoral, se desconoce la facultad del poder electoral y se cancela el proceso electoral.

El Firmazo

El 2 de febrero de 2003, se realiza el Firmazo, en el cual los venezolanos llenaron una planilla de petitorio de solicitud de activación de petitorio de referéndum revocatorio, cerca de cuatro millones de firmas fueron recaudadas, fueron entregadas al Consejo Nacional Electoral el 20 de agosto de ese año, quien las sometió a revisión supervisada por miembros del entonces Movimiento Quinta República y del Movimiento al Socialismo.
El día 15 de septiembre de 2004, invocando el “principio de titularidad del derecho”, en resolución No. 030912-461 el presidente del CNE Francisco Carrasquero rechaza las firmas invocando dicho principio.

Básicamente, el chavismo consiguió oxígeno político al argumentar que las firmas las recogieron de forma extemporánea.

El Reafirmazo

Bajo draconianas condiciones producto de fuertes acciones de calle, que el chavismo llamó “guarimbas”  se llevó a cabo entre el 28 de noviembre y el 1ro de diciembre de 2003 el reafirmazo, en el cual el CNE obligó a los firmantes del petitorio anterior, volver a llenar una planilla impresa por la Casa de la Moneda, dejando su huella y demás datos en un proceso que se conoció como el Reafirmazo. En ese proceso se recogieron 3.448.747 peticiones en 2.700 centros que fueron procesadas y mantenidas bajo custodia por miembros del partido de gobierno y técnicos del CNE.
Tras muchas triquiñuelas técnicas y el retraso ilegal, sumado a imposición de reglas de criterio post-facto, el CNE anunció que:

  • había procesado 3.479.120 firmas,
  • anulado 375.241, que equivalían al 11%.
  • A su vez, el CNE envió a un proceso de revalidación un total 1.192.914 firmas que se conoció como los “reparos”
  • y sólo validó 1.910.965 firmas (55%)

El CNE envió a reparo 45 de cada 100 firmas y anuló 11 de cada 100 firmas.

La sociedad no se dejó amedrentar pese a esto y luego en lo que se conoció como la “Operación Remate” el 8 de mayo de 2004 se realiza una jornada preparatoria donde se hizo entrega masiva de las copias de las planillas a los firmantes en el proceso del “reafirmazo” en los 2700 centros que funcionaron para el reafirmazo.

Los Reparos

De acuerdo con la asociación civil Súmate, entre el 28 y el 30 de mayo de 2004, ficha fijada por el CNE para realizar el proceso de revalidación de las firmas conocido como los “reparos” fueron ratificadas 754.397 firmas y excluidas 95.777, mientras el CNE dijo que fueron ratificadas 733.735 y excluidas 91.669. Además el CNE excluyó 11.256 firmas de supuestas personas fallecidas, así como 159 pertenecientes a militares activos.
Las cifras definitivas de las firmas ratificadas en el proceso de Reparos activaron el Referendo Revocatorio Presidencial que luego se celebraría el 15 de agosto de 2004

La data de los firmantes de los 2700 puntos de recolección sirvió a los ingenieros de sistemas expertos en bases de datos para recomendar la colocación de máquinas captahuellas en los centros electorales geográficamente próximos en la elección del 15 de agosto de 2004 con la intención deliberada de retrasar el acto electoral.

Las consecuencias de firmar

chavez-carrasquero

Los venezolanos que firmaron el petitorio de activación de referéndum revocatorio presidencial fueron puestos en una lista que los castigaba por expresar su opinión.

Tras la advertencia de Hugo Chávez de que los datos de los firmantes serían publicados para la historia, el régimen chavista se dio a la tarea de purgar a miles de empleados de los organismos públicos. Las firmas se hicieron públicas desde enero de 2003, cuando la data de la primera petición de referéndum fue puesta en línea en un portal por el diputado Luis Tascón, la llamada “lista Tascón” fue la primera lista que condenó a millones de venezolanos a sufrir discriminación institucional y negación de sus derechos como precio a pagar por expresar su voluntad política. La web luego sería actualizada con las firmas y nombres de los otros petitorios.

El 20 de abril de 2004, el Consejo Nacional Electoral publicó el listado de los números de cédula de identidad de todos los firmantes y montó na pagina web en la cual los votantes podrían saber si su firma había sido aceptada, rechazada o si tenía que ser ratificada.
Luego de esto, tanto el gobierno como la oposición comenzaron a instalar bases de datos para maniobrar políticamente.

La publicación ampliamente difundida y el uso de la información de los electores por parte de organizaciones políticas con fines electorales no había tenido precedente en la historia venezolana.

El hecho de que Luis Tascón haya publicado las primeras firmas motivó a muchos venezolanos de inhibirse de participar en otros eventos de recolección de rúbricas pensando que podrían ocultar su identidad.

Pero luego, para las elecciones legislativas de 2005, el diputado Ismael García junto con un grupo de ingenieros desarrollaron un software llamado “Maisanta”, que contenía toda la información de TODOS los inscritos en el registro electoral permanente hasta marzo de 2004.

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Screenshot del Software desarrollado por Ismael García para perseguir opositores. Más información aquí (enlace censurado por CONATEL)

Un total de 12.934.109 votantes, y ese software proveía los siguientes datos:
•Número de Cédula, nombre y apellido completo, fecha de nacimiento, y dirección
•Si firmaron el petitorio de activación de Referéndum Revocatorio presidencial correspondiente al reafirmazo.
•Si firmaron el petitorio de activación de referéndum revocatorio para diputados opositores
•Si participaban en algún programa social (Misiones) del gobierno.

La Lista Maisanta estaba ampliamente disponible, se podía comprar en el centro de Caracas a los buhoneros en un CD al precio de unos 2 dólares de la época (cerca de 10.000Bs de los de antes) y actualmente se puede conseguir hasta en MercadoLibre.com por cerca de 45 centavos de dólar.

Es de vital importancia destacar la diferencia entre las listas Tascón y Maisanta ya que la segunda fue la más ampliamente utilizada por el régimen para iniciar la depuración de quienes llamó “traidores a la revolución” para la creación de una “fuerza laboral socialista”.

La persecución política estuvo ampliamente difundida a lo largo de la administración pública, la organización Human Rights Watch ha seguido con detalle la violación sistemática de los derechos humanos en Venezuela por parte del régimen chavista y se ha dado a la tarea de irlas documentando. Ningún gremio estuvo a salvo de la purga, y los empleados públicos estaban a la merced del comunismo, el ministro de salud, Roger Capella dijo que “firmar contra Chávez era un acto de terrorismo” y ante la pregunta de cuantos despidos serían necesarios respondió altaneramente que se despediría a todos los que fueran necesarios porque si “firmó, está botado”.

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Las secuelas…

Luis Tascón fallecería a manos de un cáncer años después y el autor del programa Maisanta, Ismael García, ex-chavista en su momento, y acusado por el General Manuel Rosendo de organizar grupos armados para someter a los manifestantes del 11A-2002 hoy milita en la oposición sin que se le haya pedido rendición de cuentas por sus crímenes.

Los individuos y empresas en una sociedad políticamente polarizada pagan un costo elevado por expresar sus opiniones políticas afines a la oposición. Un estudio de la universidad de Berkeley determinó que los firmantes del petitorio de activación del referéndum revocatorio presidencial experimentaron una caída del 3.9% de sus ingresos como consecuencia de hacer sus preferencias políticas públicas.

Los miembros de las juntas directivas de las empresas que firmaron se les acosó fiscalmente, debían pagar más impuestos, y se les asignaba 50% menos dólares en el sistema de control de cambios.
A los firmantes se les restringió el acceso a los instrumentos bancarios de forma significativa, tanto a un nivel público como en la banca privada, se les revocaron pensiones y prestaciones sociales y no podían ser contratados en el sector público.

Hugo Chávez pidió “enterrar” las listas el 16 de abril de 2005, porque dichas listas ya habían cumplido su propósito: La persecución institucional de los ciudadanos de un país que en pleno ejercicio de sus derechos políticos manifestaron su opinión.

Hoy día existe un fuerte movimiento de ciudadanos organizados para la activación de un Referendo Revocatorio y no puedo evitar mostrar mi preocupación por la forma en la cual se está repitiendo la misma historia, un régimen debilitado por el desgaste social, crisis económica, destrucción institucional y un olvido por el pasado.
Los que no conocen la historia están condenados a repetirla.
Mientras el régimen en 2004 hacía las reglas sobre la marcha, doce años después tiene a todos los poderes públicos sometidos a su voluntad y coloca todas las barreras para la realización de un referendo revocatorio presidencial, el tiempo corre y las trabas burocráticas le dan oxígeno político a un régimen que busca sostenerse al poder.

Aun cuando el partido MUD recogió más firmas de las 195.721 que necesitaba en tiempo récord, la norma electoral vigente dice que es necesario que los firmantes vayan a un “proceso de validación” en el cual el Consejo Nacional Electoral habrá de colocar máquinas captahuellas para verificar la identidad del firmante, este proceso será hecho frente a testigos del partido de gobierno.
Una vez cumplido lo anterior, los rectores del CNE podrán solicitar al partido MUD recoger firmas correspondientes al 20% del Registro Electoral Permanente para ser de nuevo “validadas” y después se proceda a la convocatoria del proceso electoral.

Es importante tomar en cuenta una fecha clave. 10 de enero de 2017, ya que si para ese día no se ha revocado el mandato presidencial, cualquier revocatoria posterior no derivará en la convocatoria de nuevas elecciones, en tanto corresponderá al Vicepresidente Ejecutivo culminar el período.

Hasta una próxima ocasión.

Alberto R. Zambrano U.

 

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